Una de las principales causas (y consecuencias) de la Crisis de los últimos siete años es la OPACIDAD, carencia de un SISTEMA de RESPONSABILIDADES eficaz y el CLIENTELISMO de las empresas claves en la Economía de un país desarrollado y de su injerencia en la toma de decisiones políticas, financieras y sociales de nuestro país en aras de los intereses de una minoría. Todo ello fue agravado por la “privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas” (véase caso Bankia), que en realidad no es más que la provocación de un flujo de riqueza del estrato social medio-bajo (clientes, asalariados, autónomos, pensionistas) al estrato alto-muy alto (directivos, políticos, banqueros).
Cuando se habla de “nacionalizar” un sector o una parte de él, parece que se esté hablando de una utopía irrisoria o en el peor de los casos, del sometimiento de la Política Económica a la voluntad de un supuesto régimen dictatorial de extrema izquierda. Es tan tabú hablar de nacionalizar como no lo es tanto el tratar la privatización.
A pesar de la visión cortoplacista, oportunista, ventajista y corrupta que supone la venta a precio de saldo de un BIEN PÚBLICO o un SERVICIO PÚBLICO (privatizar), se ha perpetuado tanto a lo largo de las décadas, que está bien visto o al menos socialmente aceptado.
Cualquier persona que se precie de haber leído algo de Historia Económica Contemporánea, puede hablar de las consecuencias devastadoras que tiene la privatización (masiva) en nuestras vidas: encarecimiento del servicio, privación de su aprovechamiento al resto de la sociedad con menor poder de acceso al mismo, deficiente calidad, explotación laboral a través de sucesivas subcontrataciones, ineficiencia económica, etc…
Hay numerosos estudios que demuestran cómo un servicio o un bien público multiplica el coste de prestación comparativamente con el que se venía prestando en régimen administrativo (público). Hay casos flagrantes de externalizaciones y privatizaciones que han resultado desastrosas: transporte público, servicios de atención al ciudadano, servicios postales, sanitarios, etc…
Obtener una inyección de liquidez por parte de las Arcas Públicas no es motivo suficiente para vender (muchas veces, malvender): la venta presente supone un coste de oportunidad futuro (en forma de flujos de caja y de prestación de un servicio para el contribuyente).
Las políticas de la privatización y su ineficiencia social-financiera se han visto a lo largo del tiempo en países como Reino Unido y Estados Unidos que han provocado que la brecha abierta entre ricos y pobres se haya agrandado (ver la evolución de Índices de Gini de ambos países). No estoy diciendo que privatizar bienes y servicios sea la única causa de la desigualdad en nuestra sociedad. Es una más y cada vez hay más voces que claman en contra de este tipo de medidas (Stiglitz, Vicens Navarro, Piketty, etc…) que lejos de favorecer el crecimiento sostenible, lo ralentizan e incluso lo retraen.
A sensu contrario, NACIONALIZAR un bien o un sector productivo (o económico) requiere de una serie de medidas de control y supervisión:
• evitar injerencias políticas que instrumentalicen su funcionamiento,
• incrementar la Auditoría de Cuentas de dichos entes por organismos independientes y fiables,
• y el establecimiento de Códigos Deontológicos (y punitivos) entre sus trabajadores. Es necesario un seguimiento constante de la consecución del objetivo para el que fue creado dicho Ente.
En el caso de la Banca, claramente el objetivo primordial es la provisión de crédito (sin olvidarse de la solvencia y del interés general para el que es concedido) a PYMES, sectores productivos generadores de empleo, riqueza e I+D.
Otro de los objetivos fundacionales sería similar al de las extintas Cajas de Ahorro, que no es más que la inversión de parte de sus beneficios en Obras Sociales, Culturales y de Investigación. Si se piensa bien, las Cajas no dejaban de ser, en cierto modo empresas “parcialmente controladas” por las Administraciones. Relativamente estaban “nacionalizadas” (recalco lo de “relativo”). Las ineficiencias que surgieron posteriormente, fueron por la carencia de las medidas de supervisión de las que he hablado antes (evitar injerencias políticas, mecanismos imparciales de auditoría y responsabilidad de la gestión delimitada).
Por lo tanto, nacionalizar un Sector Clave: ni es irrisorio, ni es imposible y mucho menos es de “extrema izquierda”. Simplemente consiste en reforzar el control, ponerlo al servicio de TODOS los ciudadanos y minimizar las ineficiencias que suponen la mera obtención de un beneficio (ahorro privado) sacrificando el bien común (inversión productiva generadora de empleo y el bienestar social para el que el ciudadano paga impuestos).
