En la Agencia Estatal de
la Administración Tributaría (AEAT) desempeñan sus funciones 27.000 empleados
públicos, trabajando para que en este país los impuestos
se recauden conforme a la ley.
Con una economía sumergida que diversas fuentes
sitúan en torno al 20 % del PIB, un fraude fiscal que incluso la supera, y un nivel creciente de morosidad
empresarial frente a la Hacienda Pública, que también alcanza cifras espeluznantes, los trabajadores de la Agencia
Tributaria somos conscientes de que nuestra labor de aplicación del sistema tributario, ya sea a través de las
funciones de gestión, inspección o recaudación, es esencial para el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
Ese Estado del Bienestar se encuentra en grave
riesgo tras los recortes de gasto público acaecidos en los últimos tiempos. Recortes a los que se ha recurrido,
junto a subidas impositivas de diversa índole, sin acometer otro tipo de reformas de mayor calado, entre las que se
encontrarían la de nuestro sistema fiscal y la de los procedimientos administrativos y tributarios que permiten la
lucha contra el fraude fiscal. Y, lo que es más grave, que siendo conscientes del problema, no se haya
reaccionado con urgencia para incrementar los ingresos públicos mediante la inmediata puesta en marcha de medidas de lucha decidida y
eficiente contra esa lacra. Más al contrario, se han reducido las ofertas de empleo público en un escenario, a
medio plazo, de numerosas jubilaciones en la Administración Tributaria, y no se ha implementado el tantas
veces solicitado plan especial de lucha contra el fraude. Pues bien, pese a esa falta de respuesta, esos trabajadores
públicos, que han superado duros procesos selectivos mediante el sistema de oposición, demuestran cada día su
valía, ya sea en las actuaciones tributarias cotidianas, ya en el trato con el contribuyente, o ya en las más visibles
actuaciones de comprobación e investigación, destapando casos de tramas de fraude y corrupción a veces
muy sonados. Y, sin embargo, se nos sigue crucificando, con declaraciones como las del Presidente de la CEOE que ve
Inspectores de Hacienda hasta en el desayuno. Quizás el problema sea que no los vea con más frecuencia.
Lejos de desanimarnos, declaraciones como las
aludidas nos llevan a pensar que hacemos bien nuestro trabajo, y que por eso molestamos a aquellos que defraudan a la Hacienda
Pública y, por tanto, a toda la sociedad española.
Ello refuerza la convicción existente sobre la necesidad
de dotar de más medios a la AEAT.
Y es que vivimos tiempos revueltos, en los que,
quienes se llevan su dinero fuera de nuestras fronteras, quienes constituyen sedes en países de reducida o nula tributación
para no pagar por sus beneficios, quienes defraudan impuestos en general, quienes adeudan cuantías relevantes a
la Hacienda Pública y, en fin, quienes se han beneficiado de la eufemísticamente llamada
Declaración Especial -en realidad, una Amnistía Fiscal-,son precisamente los mismos que reclaman a nuestros gobernantes
la reducción de la Administración Pública. Y todo ello, siendo España el país de nuestro entorno con menos
empleados públicos por habitante destinados a la lucha contra el fraude.
Que quienes adeudan y defraudan a la Hacienda
Pública realicen declaraciones como esas, lleva a mucha gente a plantearse si los Inspectores, la Agencia Tributaria y los
funcionarios en general, suponemos un estorbo para sus prácticas. Como también tendrá otras finalidades el enconado
ataque hacia la Administración, pues conseguir la privatización de servicios públicos supondría un pingüe
beneficio, a costa, evidentemente, de los ciudadanos que pagarán dichos servicios. Porque no se diferencia la
verdadera Administración de aquella otra parte del Sector Público creada artificiosamente con la finalidad de eludir
las normas administrativas, ni se señalan las duplicidades a eliminar entre Estado, Autonomías o Entidades Locales y, por
supuesto, no se mencionan todos aquellos servicios esenciales en los que es pública y notoria la falta de
personal y medios. No, lo importante es aprovecharse de la situación en beneficio propio.
No cabe duda que, en ese contexto, la lucha
contra el fraude y los éxitos que en ese campo se alcanzan con el trabajo de los empleados públicos de la AEAT, ponen en
peligro los argumentos para la implantación de las políticas de austeridad que tanto beneficio están dando a la oligarquía
económica de este país. Cuanto mayores sean los ingresos del Estado, cuanto más reducida sea la bolsa de
fraude (y en este aspecto la AEAT es su columna vertebral), menor justificación tendrá una política que nos
está haciendo retroceder 30 años en derechos cívicos y sociales. No es casualidad que recientes estadísticas
constaten el aumento de millonarios en nuestro país, mientras sufre una buena parte de su población.
En otro orden de cosas, no podemos dejar de
recordar a nuestra ciudadanía, que los trabajadores de la Agencia Tributaria no dictamos la normativa tributaria, los supuestos
de infracción, las sanciones, los procedimientos para exigir responsabilidades. No, sólo nos limitamos a aplicarla,
tratando de llegar, en nuestro afán porque se cumpla la Ley, hasta donde sea necesario en los casos de
fraudes o impagos. Pero las limitaciones, normativas, materiales y humanas son grandes. Por ello se ha reiterado la necesidad de
reformas impositivas, procedimentales, cambios organizativos e incremento de medios, en lugar de aprobar
leyes injustas que sólo favorecen a una minoría
privilegiada, como es el caso de la Amnistía
Fiscal, verdadero insulto a los trabajadores de la AEAT y a todos los ciudadanos afortunadamente la mayoría- que pagan
religiosamente sus impuestos. ¿Cómo explicar a esos contribuyentes que a los defraudadores de este país se les
permite lavar su dinero con el módico coste medio del 3% de los capitales aflorados?. ¿No es ésta una invitación al
fraude?
No podemos estar de acuerdo con un Sistema
Tributario que cada vez se aleja más de los principios constitucionales de igualdad y progresividad. Actualmente, las rentas del
trabajo soportan una elevada presión fiscal, mientras que la imposición sobre el capital y la riqueza se ha reducido
ostensiblemente. Nuestro actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava con un tipo máximo del 47% a las
rentas del trabajo, mientras que el tipo máximo de gravamen de las rentas del ahorro es del 21%.
Y, si hablamos de la tributación de las
sociedades, la situación es lamentable, con un impuesto cuya recaudación ha caído en picado, mucho más allá que la caída en la actividad,
por mor de la deslocalización de operaciones y el elevado nivel de fraude, con un diseño inadecuado en el cual,
encontramos un tipo impositivo máximo del 30% que, con la aplicación de unos beneficios fiscales diseñados para
los grandes grupos consolidados (que representan el
0,2% de las empresas pero acaparan el 60% de
las deducciones), determina que haya sociedades que tributen menos del 10% por sus beneficios.
Pero hay más, porque no es consciente el
ciudadano, pagador también de impuestos indirectos al consumo, de que buena parte de los mismos no llega nunca a las arcas públicas
debido al elevado nivel de fraude en el IVA y en los Impuestos Especiales. Mucho se ha hablado de la injusta
normativa que obliga a adelantar el pago del IVA a empresas y autónomos que no lo han cobrado, pero poco del
gran número de aquéllas que no lo están ingresando
realmente. Como tampoco son conscientes muchos
empleados de esas empresas de que sus impuestos -el IRPF retenido de sus nóminas-, no llegan en muchos casos a la
Hacienda Pública y de que, a pesar de ello, reciben devoluciones en sus declaraciones anuales, sin que sus
retenciones hayan sido previamente ingresadas.
Obviamente, con este panorama, difícil parece
mantener un Estado social como el que se ha ido construyendo, con mucho esfuerzo, en las últimas décadas. Son necesarias muchas
reformas, sí, pero sin dinero no hay servicios, no hay infraestructuras, no hay pensiones… Es ya hora de que
nuestros partidos políticos se pongan de acuerdo en lo esencial, de que se instrumenten verdaderas reformas y, en lo
que los trabajadores de la AEAT atañe, se ponga verdadero interés en luchar contra el fraude y la evasión
fiscal.
Los Empleados Públicos de la AEAT, a través de
nuestro papel en la consecución de los ingresos públicos, debemos y queremos ser la columna y la base de un Estado del
Bienestar que es el motor del progreso de nuestra sociedad.
Lo haremos con profesionalidad e independencia
en nuestras actuaciones, como aval que distribuya las cargas tributarias de forma justa entre nuestra sociedad. Pero lo
haremos mejor con las normas y medios adecuados, con una organización en la que se prime el mérito y la
experiencia y, sobre todo, con la comprensión hacia nuestra función por parte de los ciudadanos a los que servimos,
porque somos conscientes de que, pese a resultar ingrata,
nuestra función es esencial.
