Dice
la Constitución en su artículo 21: “En los casos de reuniones en lugares de
tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad,
que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o
bienes”.
¿Por
qué cito la Constitución? Por varias razones:
Porque
lo que se deriva del citado precepto constitucional es justamente lo contrario:
es decir, es la norma suprema la que
reconoce el derecho fundamental y no el Gobierno ni su presidente. De forma
más específica: son las personas que deciden manifestarse las que comunican a
la autoridad gubernativa competente su intención de hacerlo por las razones que
crean más oportunas. Comunicar no es
pedir autorización. La autorización siempre significa un control
preventivo, propio de los regímenes autoritarios y de las dictaduras que hacen
del desconocimiento de los derechos fundamentales sus señas de identidad. En
consecuencia, comunicar es avisar a fin de que la autoridad verifique los
efectos que el ejercicio de este derecho pueda tener sobre los intereses generales
y particulares, al objeto de velar por las libertades de la colectividad. Y es
en esta fase posterior cuando, eventualmente, dicha autoridad, a través de la
debida ponderación entre la libertad y la seguridad, puede llegar a tomar la
decisión de proponer la modificación del itinerario de la manifestación o,
incluso excepcionalmente, la prohibición, si existen razones por las que quepa
deducir que el orden público pueda quedar alterado.
Es
obvio que la crítica a las instituciones públicas en una manifestación no
supone su deslegitimación, sino que es
una forma más de control social difuso de los representantes políticos por
parte de la población. Con independencia de quien gobierne y de quien
reivindique. Y eso es lo que pretendía la inmensa mayoría de los que
cívicamente se manifestaron en Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, etc…protestando
y reclamando mñas justicia social. En definitiva, reclamando que se aplique la
norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales.
Entre ellos: la Sanidad y la Educación.
¿Y
cómo responden las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado (también ciudadanos
españoles) contra sus conciudadanos?
La policía apalea y detiene a menores en Valencia.
¿Por qué se manifiestan los estudiantes de Valencia? Precariedad, barracones, ni luz ni calefacción.
En definitiva, y omitiendo los numerosos casos de violación flagrante de este mancillado derecho constitucional, podemos ver que el Estado de Derecho del que se les infla la boca a determinadas personas al hablar de él, ha muerto.
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