Desde la democracia, la corrupción y el
robo desde el puesto público ha sido una constante habitual de la casta
política española,
empezando especialmente desde aquel despacho sevillano de Juan Guerra, el
hermano del entonces todopoderoso vicepresidente socialista Alfonso Guerra,
pasando por el director general de la Guardia Civil don Luis Roldán, y por
prácticamente todos los partidos políticos, hasta llegar a nuestros días, con
toda una constante continuada de corruptelas por todos los lados
donde circula el dinero público.
Nunca había habido tanta suciedad en la cosa pública española, siendo la personificación misma de la llamada cultura del pelotazo, el más destacado deporte nacional de los políticos, con el que han contribuido todos los partidos políticos de todos los colores. Es increíble y vergonzosa la realidad de esos casos de corrupción se cuentan por varios centenares los más conocidos, y hasta por miles los menos ventilados.
En la web “No les votes”, con un formato parecido al de la Wikipedia acaba de aparecer un nuevo artículo titulado “Corruptódromo”, desde el cual podemos ver un listado (incompleto, naturalmente) de los casos de corrupción de los últimos años en diversos puntos de nuestro país, con mapa incluido. Para devolver todo lo robado, se necesitaría un trabajo de juzgado de varios años, aunque sabiendo que aquí los jueces, fiscales y abogados son sobradamente corruptos, no creo que se logre gran cosa.
Vais a alucinar con la cantidad de ladrones que aquí podréis ver, aunque lo que se ve es sólo la parte emergente del iceberg.
Tanta corrupción trae causa en un fallo
flagrante en las Instituciones (que alguien me diga para qué
nos vale el Tribunal de Cuentas), en la propia Ley (¿por qué no existe una Ley
de Transparencia Política de una vez? ¿Qué temen? ¿Reconocen que tienen cosas
que esconder? ¿por qué les molesta que generalicemos con los políticos y los
corruptos si TODOS se oponen a declarar su patrimonio?) y en los Tribunales
(¿os habéis fijado cuántos casos de “Prescripción” del delito hay últimamente?
¿Es casualidad que sólo se dejen prescribir delitos de gente adinerada o
poderosa? Véase Botín y un largo etcétera?)
La redacción de una instrucción de la
Presidencia de la Cámara, adoptada con el parecer unánime de la Mesa, que
anunciaba la posible retirada de la acreditación durante un año a los
fotógrafos de prensa que, al desempeñar su trabajo, vulnerasen los “derechos
fundamentales” de los diputados, como podría suceder con la difusión de los
documentos que manejan en sus escaños o de los mensajes recibidos en sus
móviles.
Contrariamente a lo que ocurre en la
mayoría de los países civilizados, en España parece que los políticos pretenden
que las cosas se hagan siempre en el más riguroso secreto.
Encerrarse en una habitación, y “cocinar” la
política como les venga en gana. Que los medios de comunicación “molesten” con
sus fotos o sus impertinentes averiguaciones les resulta inaceptable. Que los
ciudadanos pretendan influir en sus decisiones desencadena una reacción que lo
califica en el diario de sesiones como de “factores externos que degrada la
imagen y el trabajo de la Cámara“. En un país como el nuestro, en el que los
escándalos de corrupción surgen todos los días, la falta de transparencia de la
vida política resulta prácticamente insultante.
¿Por qué la agenda de un Consejo de
Ministros o las deliberaciones que tienen lugar en el mismo deben ser secretas?
¿Por qué juran o prometen los ministros expresamente “respetar el secreto de
las deliberaciones del Consejo de Ministros? ¿Cómo puede entenderse que un
juez, en virtud de las necesidades de una investigación, no pueda reclamar, por
ejemplo, las actas de la Junta Andaluza? ¿Por qué razón los ciudadanos tienen
que aceptar que sus teóricos representantes deliberen en secreto sobre
cuestiones que claramente les atañen? ¿De verdad resulta tanto pedir que MIS
representantes, que están ahí con MIS votos y gastándose el dinero de MIS
impuestos, me cuenten a qué se están dedicando?
Tras muchísimas resistencias, desde hace
poco tenemos constancia de las rentas y bienes patrimoniales delos cargos
públicos. Ha costado mucho, pero no es en absoluto suficiente. Los ciudadanos
exigimos saber a qué dedican su tiempo los políticos, conquiénes se
reúnen, de qué hablan, qué información solicitan, en base a qué se condicionan
sus decisiones, qué prometen a quién y a cambio de qué. La vida pública
española es de todo menos pública, y ahora resulta que viene el presidente del
Congreso y pretende expulsar durante un año al fotógrafo que tome una foto de
un teléfono móvil o de un documento dejado sobre un escaño, en un obvio intento
de provocar la autocensura. Impresionante.
No, las cosas no pueden ni deben ser así. Un representante del pueblo debería ser, por ley, completa y rigurosamente transparente, responder a toda pregunta que se le haga, y no ampararse en “su intimidad” o en “el secreto” para hurtar información a los ciudadanos. En este país se están haciendo las cosas muy mal en ese sentido desde hace mucho tiempo, y ahora parece que, amparándose en una supuesta mayoría absoluta y con la excusa de “hay que gobernar”, se quieren hacer aún peor: menos transparencia, más secreto, menos explicaciones, y todo con cara de “no me molesten, que estoy salvando a la patria”.
¿Intimidad? Lo siento, mientras sea
representante de los ciudadanos, tendrá que renunciar a todo aquello que no sea
del más puro y estricto ámbito personal. Con quién se reúne y de qué habla no
entra dentro de su intimidad si lo está haciendo como representante de los
ciudadanos. Y si para ello hay que cambiar la Constitución, será cosa de
ponerse cuanto antes manos a la obra. A ver quién es el que se opone y, sobre
todo, qué razones aduce para ello.
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