Estas últimas semanas, hemos tenido unas cuantas noticias: acerca de los derroches económicos que alegremente han cometido varias Comunidades y Ayuntamientos. Contratos suscritos generalmente con empresas privadas de dudosa reputación o credibilidad (Instituto Noos, subcontratas ilegales, empresas de familiares y de amigos…). Empresas que se han ido enriqueciendo por medio de fondos públicos. El dinero de todos los españoles.
En unos casos es legal, en otros no, pero en todos y cada uno de los casos es de una nula ética y desde luego son origen de una situación económica caótica y no parece merecer la mínima crítica de toda una serie de formadores de opinión. ¿Alguien dice algo crítico en la prensa, la radio o la televisión acerca de estos escándalos? ¿Se están investigando? ¿Se están tomando en serio?
Es imposible entender un sistema económico sin entender que los riesgos y los beneficios han de ir de la mano. Se puede discutir sobre la conveniencia de que cualquier actividad sea desarrollada mediante la iniciativa privada o bien mediante los fondos públicos, pero en todo caso, lo que debe estar claro es que si estamos hablando de iniciativa privada, tanto la financiación como los riesgos, van de la mano de los beneficios. Y es un disparate económico sin precedentes que tengamos un sistema en el que la financiación de las actividades corra a cargo de los presupuestos públicos, que a su vez se llevan los beneficios, mientras que las pérdidas se las queda el estado y todo ello para prestar un servicio público en régimen de monopolio u oligopolio.
Instalados en la rapiña, fruto de una desmedida ambición, los ejecutivos de alto nivel nos regalan, día sí y día también, ejercicios de descaro y cinismo. Al tiempo que aprueban para sí mismos bonos millonarios, que añaden con regocijo a sus estratosféricos sueldos mensuales, proponen el despido de miles de trabajadores de empresas que acumulan beneficios. Los responsables de la crisis continúan enriqueciéndose mientras exigen sacrificios a los demás.
¿Cuáles son los argumentos para privatizar lo que es de todos? Varios. Todos ellos apuntan al beneficio del consumidor. Ya que como ciudadanos salimos perdiendo, pues perdemos lo que es nuestro, se nos dice que como consumidores saldríamos ganando, ya que la competencia entre empresas redundaría en un mejor servicio y en tarifas más atractivas. La experiencia de los años desdice las argumentaciones, pues, por poner el caso de la telefonía, las tarifas son, en muchos casos, abusivas y el servicio se convierte, habitualmente, en una tomadura de pelo en la que conseguir rescindir un contrato, o, a veces, simplemente, conseguir que se nos atienda, se convierte en misión imposible.
También se hablaba de empresas mejor gestionadas, pues lo privado, ya se sabe, funciona mejor.
Falsos argumentos: la superioridad de lo público sobre lo privado en los campos estratégicos es incontestable (véase la sanidad o la educación, que aun, aun, no nos han expropiado) y no sé qué mejor gestión es esa que consiste en despedir a unos empleados para hacer millonarios a otros.
Y no nos engañemos: que Telefónica, Endesa, Banco de Santander o Repsol sean empresas punteras y con pingües beneficios no implica ningún beneficio para nuestro país en su conjunto ni para sus ciudadanos en concreto.
La estrategia de privatización neoliberal se ha mostrado un fiasco social. No sólo no nos ha servido como consumidores, sino que, además, nos ha perjudicado como ciudadanos. Sólo desde el más férreo dogmatismo ideológico es posible defender las prácticas privatizadoras de los sectores estratégicos. El neoliberalismo se ha caracterizado por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, por expropiar lo común para beneficio de unos pocos. Las cajas de ahorros son el siguiente bocado de su insaciable apetito. Y el Fondo Monetario Internacional aplaude.
Se impone reapropiarse de lo común, recuperar lo que fue de todos para beneficio de todos. Por razones de eficacia, pues un país no puede dejar sus sectores estratégicos en manos privadas, quizá extranjeras; por razones de beneficio social, pues la riqueza que se produce debe revertir en todos, no en los bolsillos de unos pocos. La nacionalización de los sectores estratégicos de la economía bien podría ser uno de los puntos programáticos de una alternativa de izquierda. Algunos países ya lo están aplicando. Aunque no nos lo cuenten.
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